La Comisión Europea (CE) propuso formalmente este miércoles una tarjeta europea para personas con discapacidad, así como mejoras en la tarjeta de estacionamiento comunitaria para ese mismo colectivo, con el objetivo de poner fin a las diferencias entre los países de la UE y asegurar las mismas condiciones de acceso a las ventajas que confieren en todo el territorio comunitario.

La vicepresidenta comunitaria para Valores y Transparencia, Vera Jourová, dijo en rueda de prensa que con esta propuesta de Directiva, la Unión Europea (UE) está tomando medidas para «hacer la vida más fácil a las personas con discapacidad», 87 millones de personas en los Veintisiete según precisó.

«No tratamos de armonizar de qué manera se logra el estatuto de discapacidad», precisó Jourová, que confió en que las dos tarjetas, la de discapacidad y la de estacionamiento, se adopten «pronto».

La tarjeta europea de discapacidad garantizará el reconocimiento mutuo de la situación en todos los países de la Unión, proporcionando a las personas con discapacidad que viajen a otro Estado miembro un acceso idéntico a condiciones especiales y el mismo trato preferente del que disfrutan las personas con discapacidad que residen en ellos, indicó la CE.

En cuanto a la tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad, la Comisión precisó que aunque existe en la actualidad un documento para ese grupo específico, no es reconocido por igual en toda la UE y sus titulares tienen dudas sobre los derechos de los que disfrutan cuando viajan a otro país.

Ello les impide acceder en ocasiones a las condiciones especiales y a un trato preferente, como por ejemplo el acceso gratuito y/o prioritario, a las tarifas reducidas o a la asistencia personalizada.

Esta situación, según la CE, se agrava por las diferencias en el formato, diseño y aplicación de la tarjeta en la UE.

La nueva tarjeta de estacionamiento será un modelo estandarizado con elementos de seguridad para combatir el fraude y la falsificación.

Otra ventaja de los nuevos documentos, según el Ejecutivo comunitario, es que reducirán las cargas administrativas para las personas con discapacidad, los operadores privados y los servicios públicos.

Los países pondrán a disposición de los interesados información sobre cómo obtener ambas tarjetas y sobre las condiciones especiales y el trato preferencial que dan a sus beneficiarios.

La Comisión pedirá a los Estados miembros que sustituyan las anteriores tarjetas europeas por el nuevo formato, que garantizará el reconocimiento mutuo de la situación de discapacidad en la UE.

Cada Estado miembro deberá designar una autoridad competente para supervisar la emisión, renovación y la retirada de las tarjetas de acuerdo con las respectivas normas y prácticas nacionales.

La propuesta de la Comisión será debatida por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de su aprobación.

Una vez adoptada, los Estados miembros tendrían 18 meses para incorporar las disposiciones del la Directiva al Derecho nacional.

Un año más tarde, la legislación sería aplicable, momento en el que las personas con discapacidad podían solicitar las tarjetas.

El Gobierno español expresó en mayo su voluntad de que la tarjeta se aprobara durante su Presidencia rotatoria del Consejo de la UE, que termina el 31 de diciembre; y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también ha expresado su apoyo al proyecto.